El TSJDF y el CJDF, así como las Comisiones de Magistrados y Consejeros, y la Unidad Especial para la Implementación de la Reforma Constitucional en Materia Penal (UNESIRP), continúan trabajando en los diferentes proyectos para la implementación del nuevo sistema penal acusatorio en el Distrito Federal.

En materia de capacitación, se ha diseñado el siguiente programa:
Se presenta la lista de los cursos de capacitación que estarán disponibles únicamente para Jueces y Magistrados en materia penal y de justicia para adolescentes, los cuales se impartirán en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE).

a) Marco jurídico de prevención y combate al narcomenudeo y narcotráfico
Duración: 15 horas.
Fecha: Del  8 al 10 de marzo 2010.
Horario: Lunes, martes y miércoles de 16:00 a 21:00 hr.

b) Nuevos instrumentos legales contra la delincuencia organizada
Duración: 15 horas.
Fecha: Del 21 al 23 de junio 2010.
Horario: Lunes, martes y miércoles de 16:00 a 21:00 hr.

c) El Ministerio Público en el sistema penal acusatorio
Duración: 20 horas.
Fecha: Del 12 al 15 de julio 2010.
Horario: De lunes a jueves de 16:00 a 21:00 hr.

d) Destrezas de litigio oral
Duración: 25 horas.
Fecha: Del 20 al 24 de septiembre 2010.
Horario: De lunes a viernes de 16:00 a 21:00 hr.

Los cursos de sensibilización de la Reforma Constitucional en Materia Penal se impartirán a partir de mayo de 2010.

En materia de análisis jurídico y normatividad:
Los jueces y magistrados especializados en justicia para adolescentes del Distrito Federal, están trabajando en la elaboración del proyecto de nueva Ley de Justicia para Adolescentes, con el propósito de incorporar a la misma los principios y disposiciones contenidas en los instrumentos internacionales especializados, por lo que se tiene previsto contar con un anteproyecto para el mes de agosto de 2010.

Para ello, en las instalaciones de la UNESIRP se han realizado diversas reuniones de trabajo desde el mes de abril a las que han sido convocados todos los magistrados y jueces especializados en justicia para adolescentes, habiéndose creado dos comisiones para dicho propósito: la primera, para la elaboración de un diagnóstico normativo nacional de las  legislaciones de todas las entidades federativas; la segunda comisión, conformada igualmente por magistrados, jueces y además, por asesores externos de la UNESIRP,  se está dando a la tarea de redactar la propuesta de Ley de Justicia para Adolescentes del Distrito Federal.

En materia de infraestructura:
Se proyecta la construcción de un Centro de Justicia para Adolescentes contiguo al Centro de Internamiento localizado en la calle de Obrero Mundial que albergue  a todas las instituciones de administración de justicia, como los órganos judiciales, Procuraduría, Defensoría de Oficio, y la propia Secretaría de Gobierno a través de la Dirección Ejecutiva de Tratamiento de Menores, toda vez que se determinó con base a un diagnóstico, que las instalaciones actuales no cumplen con los requerimientos que exige el nuevo modelo de justicia penal acusatorio, adversarial y oral.


En materia de financiamiento:
Con el fin de presentar propuestas para el financiamiento de proyectos orientados al proceso de implementación de la Reforma Penal en el Distrito Federal, se han llevado a cabo diversas reuniones interinstitucionales con las autoridades del Distrito Federal, con el propósito de analizar el Acuerdo del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal mediante el cual se establecen las “Directrices para la aplicación de recursos destinados a la Implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal a favor de los Estados y el Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2010”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 26 de abril, habiendo acordado presentar los proyectos que de común acuerdo se formulen.

Cabe señalar que a dicha reunión y posteriores fueron convocadas todas las instituciones del Gobierno del Distrito Federal vinculadas al proceso de implementación de la Reforma Constitucional,  así como representantes de la Asamblea Legislativa, en particular de las Comisiones de Procuración e Impartición de Justicia y la de Seguridad Pública.