Historia

En toda organización humana se requiere del concurso de Instituciones que coadyuven a mantener la estabilidad social y la convivencia pacífica de sus integrantes; uno de los instrumentos para alcanzar tales objetivos entre los individuos lo es la administración de justicia, que para cumplir adecuadamente su tarea, debe ser clara en su funcionamiento, expedita en su resolución y oportuna en su aplicación.

En nuestro país, aun antes del Período Colonial, las comunidades asentadas en el Valle de México contaban ya con organismos encargados de resolver las controversias suscitadas entre sus habitantes y las de éstos con sus autoridades. Tal era el caso de los "Tribunales" llamados Cihuacoatl y Tlacxitlan, durante el Imperio Mexica.

Posteriormente, en la época de la Colonia, funcionaron los Tribunales conocidos genéricamente como especiales y Ordinarios, que tenían encomendado administrar la justicia en sus respectivos ámbitos de competencia. De este modo; a los primeros correspondía el tratamiento de aquellos asuntos que cuestionaban o atentaban contra la posición de la Iglesia o que tenían que ver con el comercio y la mercadería, en tanto que era competencia de los segundos atender lo relacionado con el Supremo Consejo de Indias, la Audiencia y Real Cancillería de México y las causas civiles y criminales.

Más tarde, al emerger la Nación Mexicana como Estado independiente y adoptar el régimen federal como su forma de organización política, se iniciaron las primeras acciones tendientes a reordenar al para entonces anacrónico sistema judicial, tarea por demás difícil considerando las turbulencias políticas en que se sumergió
el país, lo que hacía endeble y temporal cualquier medida adoptada por benéfica que fuera para la sociedad, pues su vigencia estaba generalmente determinada por la llegada, permanencia y salida de los grupos que disputaban el poder.

Para el caso del Distrito Federal, aun cuando la función judicial quedó delimitada la creación misma de esta Entidad Federativa, no es sino hasta el 23 de mayo 37, con la ley denominada" Arreglo Provisional de la Administración de la de los Tribunales
y Juzgados del Fuero Común", que se concreta la primera medida para establecer un órgano responsable de administrar la justicia.

En ella se establecía que el Tribunal Superior de la Ciudad Capital (correspondiente al Departamento de México) quedaba integrado por tres Salas, una con cinco Ministros y las restantes con tres Ministros cada una, así como cinco Juzgados en el Ramo Civil, cinco en el Criminal y un Fiscal. Este ordenamiento determinaba, también, la planta mínima de empleados y auxiliares de la propia Institución.

Sujeto como estaba a la situación de inestabilidad imperante, el Tribunal Superior es objeto de desapariciones y reinstauraciones constantes, y no es sino hasta la definitiva de Santa Anna y el restablecimiento del Gobierno Federal que se promulga, el 23 de noviembre de 1855, la "Ley de Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Nación, del Distrito y Territorios", también conocida como "Ley Juárez", que señala en sus artículos 23 al 47 la creación del Tribunal Superior de Justicia en el Distrito de México, constituido por tres Salas, dos Unitarias de Segunda Instancia y una compuesta de tres Magistrados para conocer en Tercera Instancia, así como cinco Juzgados para el Ramo Civil y cinco para el Penal y, distribuidos en los diversos puntos de la Capital, se establecen los Juzgados de Paz y las Alcaldías.

Sin embargo, aparentemente por motivos económicos, la actividad de este órgano fue interrumpida en 1862 por disposiciones del Gobierno del Presidente Juárez, la función que fue asignada, como ya había ocurrido en otras ocasiones, a la Suprema Corte de Justicia, reactivándose el funcionamiento del Tribunal en mayo de 1868, dándose a conocer, el 26 de noviembre de ese mismo año, su Reglamento Interior.

No sería sino hasta la etapa revolucionaria en que volvió el Tribunal a ser objeto de frecuentes desapariciones y reinstalaciones, quedando restablecido en definitiva en septiembre de 1919, durante el Gobierno de Venustiano Carranza, con la promulgación de una nueva "Ley Orgánica de los Tribunales del Fuero común en el Distrito y Territorios de la Federación". Este ordenamiento disponía que el Tribunal estaría integrado por dos Salas, cada una con siete Magistrados, así como con once Juzgados Civiles, nueve Juzgados Penales y dos de Jurisdicción Mixta.

Desde entonces, la, función del Tribunal como órgano responsable de la impartición de justicia en el Distrito Federal ha sido constante e ininterrumpida y, aún más, se le ha fortalecido paulatinamente para dar respuesta a los requerimientos de una sociedad en permanente evolución, lo que se aprecia claramente en las Leyes Orgánicas que en diferentes épocas, han normado el funcionamiento de la Institución.

A esta última, cuya denominación completa es "Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal" y que fue publicada en el Diario Oficial el 29 de enero de 1969, le han sido incorporadas reformas significativas, cuyo propósito ha sido lograr una mayor congruencia entre el funcionamiento del Tribunal y la problemática social que enfrenta.

Adicionalmente, en su ámbito interno, la Institución también ha efectuado importantes innovaciones en el transcurso de los años que le han permitido contar actualmente con la siguiente estructura:

  • Estructura Jurisdiccional
  • Estructura de Apoyo Judicial
  • Estructura Administrativa

En este orden de ideas podemos apreciar que, a 138 años de constituido por primera vez el Distrito Federal, y a lo largo de su difícil y accidentado desarrollo histórico, la Entidad siempre ha contado con el apoyo de órganos que tienen encomendada la muy alta responsabilidad de impartir justicia, lo que en la época actual es imprescindible para que en un Estado de Derecho, como lo es el nuestro, se generen las respuestas idóneas y oportunas a los requerimientos de una población cada vez más numerosa y compleja, coactora, junto con las Instituciones Gubernamentales, en el perfeccionamiento de un régimen democrático que se sustente en la justicia, la libertad y la soberanía.

 
 
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